17 de junio: último plazo para decidir si aprueba la convocatoria a la consulta popular

Igual que con la primera iniciativa, esta nueva versión de consulta popular busca someter a votación algunos de los aspectos que se consideran clave de las reformas sociales del trabajo y de la salud.

Después de conocer la respuesta del Senado de la República tras la presentación de la primera propuesta de consulta popular en donde se revisaron 12 preguntas concentradas en la reforma laboral liderada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 19 de mayo se conoció la presentación de una nueva versión ampliada del documento, esta vez presentada por los ministros del interior, del trabajo y de Salud, quienes radicaron un nuevo texto con 16 preguntas que contemplan las mismas 12 iniciales, más otras 4 relacionadas con la reforma al sistema de salud.

Las 16 preguntas de la nueva propuesta de consulta popular abordan temas relacionados con la limitación de la jornada laboral diurna a un máximo de 8 horas, el pago de un recargo del 100% por trabajo en días de descanso dominical o festivo, los Incentivos y tasas preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas productivas, las licencias menstruales y políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad, la formalización de trabajadores informales y regulación para empleados de plataformas digitales, el establecimiento de un régimen laboral especial para trabajadores rurales y del sector salud, la producción estatal de medicamentos esenciales, la eliminación de la intermediación financiera de las EPS, el fortalecimiento de la atención primaria en salud y el establecimiento de un régimen laboral justo para los trabajadores del sector salud.

Igual que con la primera iniciativa, esta nueva versión de consulta popular argumenta someter a votación algunos de los aspectos que se consideran clave de las reformas sociales del trabajo y de la salud, en respuesta a los obstáculos legislativos enfrentados en el Congreso. Sin embargo, la insistencia del gobierno Petro ha generado diversas reacciones en el ámbito político, académico y ciudadano: Efraín Cepeda, presidente del Senado, cuestionó firmemente la legalidad del procedimiento, afirmando que la nueva consulta contiene las mismas 12 preguntas que ya habían sido previamente rechazadas, lo que resulta contrario a las normas legislativas que prohíben volver a presentar un proyecto que ya ha sido negado por la misma legislatura. Del mismo modo se han señalado presuntas irregularidades en el ejercicio de radicación del propio texto, el cual fue presentado por ministros y no por el presidente de manera directa.

Al respecto de este tema, Yann Basset, profesor titular de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y director del Grupo de estudios de la democracia DEMOS-UR, comenta:

“yo no veo que el presidente Petro tenga la intención de convocar la consulta sin el apoyo del Congreso, porque si lo hace, evidentemente, habría una controversia jurídica y probablemente una intervención de la Corte Constitucional que, pues a todas luces decidiría que esta esta consulta no se puede convocar. Esto sería contrario a la legislación claramente”.

Por su parte, Petro sigue defendiendo esta iniciativa con el argumento de consolidar una de sus mayores propuestas desde su campaña presidencial: mejorar las condiciones laborales a partir de una reforma construida fundamentalmente para “el ciudadano de a pie”. Del mismo modo, esta vez incluyendo preguntas que se relacionarían al debate sobre el sistema de salud en Colombia, el cual viene en detrimento desde hace décadas. Cabe mencionar que el presidente también argumenta que el proceso de votación donde se derrumbó la primera propuesta de consulta popular también se dio en el marco de presuntas irregularidades que detonaron en un resultado negativo, avivando aún más su determinación por liderar movilizaciones sociales que busquen presionar al Congreso para acceder a implementar este mecanismo de participación ciudadana.

“Aquí hay otro tipo de salida que es que el Congreso apruebe la reforma laboral, o por lo menos una versión algo consensuada de la versión original y eso cambiaría quizás el panorama y permitiría salir del impasse. Si no lo hace, pues ahí sí, el Gobierno tendría el margen político para insistir en la consulta, radicarla de nuevo en el en el Congreso y después tratar de presionar con movilizaciones sociales en la calle (…) Eso es en parte lo que el gobierno del presidente ha tratado de hacer desde el principio, pero eso no garantiza que haya realmente un cambio de la actitud del Congreso”. Afirmó el profesor Yann Basset.

Por su parte, el Senado tiene hasta el 17 de junio para decidir si aprueba la convocatoria a la consulta popular. Si esta nueva versión es aprobada, las votaciones deben realizarse con fecha máxima el 19 de septiembre de 2025, dando garantías pedagógicas, presupuestales y logísticas para ser desarrollada. Del mismo modo, para afirmar su validez, también requeriría de una participación ciudadana masiva que respaldara la apuesta a discutir.

Bogotá, martes 27 de mayo de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones IEPRI.