Regla fiscal en Colombia: entre urgencias sociales y sostenibilidad económica

La reciente activación de la cláusula de escape reabre el debate sobre el balance entre gasto social, estabilidad macroeconómica y gobernabilidad fiscal.

En medio del debate público sobre la situación económica del país, la regla fiscal ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Se trata de un mecanismo creado para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, limitando el déficit fiscal y controlando el nivel de deuda pública.

Si bien, Colombia adoptó formalmente una regla fiscal en 2011 a través de la Ley 1473, lo hizo en un contexto de expansión económica bajo un compromiso con el manejo responsable del gasto. El objetivo entonces fue blindar la economía frente a ciclos políticos y choques externos, imponiendo un marco de responsabilidad fiscal para el gobierno central. Sin embargo, en 2019, la regla fue reformada a través de la Ley 2155, buscando volverla más flexible y adaptable a contextos de incertidumbre. En ese momento la reforma estableció dos compromisos esenciales para la política fiscal: por un lado, reducir gradualmente el déficit estructural y por otro, mantener una trayectoria sostenible de deuda del Gobierno Nacional Central.

En la misma reforma se incorporó una nueva herramienta:  la “cláusula de escape”, la cual permite suspender temporalmente la aplicación de la regla fiscal en situaciones extraordinarias, como crisis económicas, pandemias o desastres naturales. Esta cláusula fue diseñada para garantizar un posible margen de maniobra del Estado sin comprometer su sostenibilidad estructural. La misma fue utilizada por primera vez en 2020 durante la pandemia del COVID-19, cuando se permitió ampliar el déficit para atender la emergencia sanitaria y social. En 2022 se restablecieron gradualmente los límites, y en 2023 y 2024 el país intentó volver a la senda de consolidación fiscal. Sin embargo, el incumplimiento de la meta de ingresos en 2024 y el aumento del gasto estructural presionaron las finanzas públicas, lo que llevó al Gobierno a activar nuevamente la cláusula en 2025, argumentando un contexto de bajos ingresos tributarios, rigidez en el gasto público y la necesidad de preservar programas sociales estratégicos.

Cabe mencionar que, con esta decisión, se suspenden los límites normales de déficit establecidos por la regla fiscal durante tres años. Del mismo modo, la medida permite ampliar el déficit hasta un 7,1 % del PIB en 2025, frente a la meta anterior de 5,1 %.

Para Jairo Bautista, exdirector del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y actual asesor en la Superintendencia de Servicios Públicos, el problema no es solo técnico sino profundamente político:

“Aquí lo que hay es un ejercicio de economía política que parte de suponer que cuando los Estados se sobre endeudan, hay un problema fiscal. Lo que hay que contener es el nivel de presión de gasto: como el déficit aumenta, pues el gobierno tiene que salir a los mercados financieros a tomar más deuda prestada y por ende, de alguna manera, le restaría credibilidad al país en los mercados internacionales. En el caso de Colombia yo creo que la situación es mucho más compleja porque la credibilidad se pierde en el año 2024, cuando no se logra la meta de ingresos”, explicó.

Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que, para retomar el equilibrio, se requeriría un ajuste cercano a 52 billones de pesos. Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado que presentará una reforma tributaria para garantizar ingresos adicionales por al menos 19 billones, buscando compensar el desbalance. De esta manera, el contexto fiscal se ha tornado aún más desafiante por el crecimiento de compromisos rígidos del Estado. Bautista advierte que:

“El aumento de las transferencias a las regiones vía SGP, el incremento del peso del costo de la deuda pensional que se va al presupuesto, el incremento de los gastos en salud… Todo esto ha venido presionando de una manera muy fuerte el gasto  primario y hace muy difícil el cumplimiento de los criterios de superávit. Y hay que decir otra cosa: en el mundo las reglas fiscales se están incumpliendo después de la crisis del COVID… Entonces posiblemente las variables fiscales van a tardar mucho más en ajustarse si lo que se pretende es volver al terreno de la regla fiscal.”

La reciente activación de la cláusula de escape reabre el debate sobre el balance entre gasto social, estabilidad macroeconómica y gobernabilidad fiscal. La regla fiscal, en su diseño actual, busca justamente ese equilibrio: evitar el descontrol fiscal sin paralizar el rol activo del Estado en momentos de crisis. El reto ahora será asegurar que la excepcionalidad no se convierta en norma, y que la cláusula de escape no debilite los principios de responsabilidad fiscal que la propia regla buscó garantizar.

Bogotá, miércoles 09 de julio de 2025

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI

Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones 

Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones

IEPRI.