Paz urbana en Medellín: entre el diálogo y la incertidumbre.

La presencia de actores armados en un espacio institucional y la ambigüedad del discurso presidencial abrieron más preguntas que respuestas.

El pasado sábado 21 de junio, el Gobierno Nacional lideró en Medellín una jornada de diálogo sociojurídico con estructuras armadas presentes en el Valle de Aburrá, en un intento por seguir abriendo camino a la estrategia denominada “proceso de paz urbana”, un concepto que hace referencia a los esfuerzos por negociar, desarticular o transformar las estructuras armadas que operan en contextos urbanos, como bandas criminales, combos, oficinas de cobro, grupos de narcotráfico o estructuras armadas organizadas que ejercen control territorial en ciudades.

Esta iniciativa, sin embargo, ha provocado reacciones encontradas entre expertos, autoridades locales y sectores de la opinión pública, debido a la naturaleza de los actores involucrados y la falta de un marco legal claro para este tipo de acercamientos.

Para el profesor Carlos Mario Perea, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, el contexto de Medellín plantea retos únicos:

“La situación de Medellín es en extremo compleja. Primero, por la naturaleza del conflicto y la manera como se ha desarrollado. Es una ciudad en donde han existido estructuras armadas que han controlado la ciudad desde los años 80. (…) hoy la oficina de Envigado sigue controlando la mayoría de la ciudad y hay lugares en donde está el Clan del Golfo que se pactó en un arreglo del Pacto de los Fusiles del año 2015. Pero la complejidad viene de unos actores que dominan una muy buena parte de la ciudad.”

Es necesario mencionar que muchas de las estructuras criminales que operan en Medellín no son marginales. Según Perea, se trata de organizaciones profundamente enraizadas, reconocidas públicamente, con vínculos sociales y territoriales que superan las 12.000 personas. En este sentido, las mesas sociojurídicas propuestas por el Gobierno podrían representar una buena estrategia para abrirse paso a acciones reales de transformación del conflicto, no obstante, la estrategia aun tiene muchos puntos ciegos: la inexistencia de un marco legal que permita negociar formalmente con estos actores, la ambigüedad institucional entre los distintos niveles de gobierno, la falta de claridades y de coordinación entre la nación y las autoridades locales y la ambigüedad y falta de contundencia de la gestión de la paz urbana por parte del Alto Comisionado para la Paz.

La jornada en cuestión si logró hacer evidentes algunos de estos puntos: lejos de generar un consenso, se vio absorbida por la polarización política nacional. La presencia de actores armados en un espacio institucional y la ambigüedad del discurso presidencial abrieron más preguntas que respuestas:

“Es de celebrar que el evento haya empujado el proyecto de la paz urbana, pero no fue clara la manera como se hizo. No se explicaron las razones de la presencia de los actores criminales y el discurso del presidente dio vueltas sin dejar claro cómo armar la paz urbana en Medellín. ¿Qué significa y cómo se recogerá la larga y rica trayectoria de paz desarrollada por la sociedad civil? El resultado de la falta de claridades es dejar metida la paz urbana en el contexto de la polarización.” Concluyó el profesor Carlos Perea.

Para que la propuesta avance de manera sostenible, será necesario no solo construir consensos jurídicos e institucionales, sino también generar legitimidad social y transparencia en los procedimientos. Como advierte el profesor Perea, cualquier proceso de esta naturaleza “tiene que pasar por los actores criminales”, pero también por una política pública rigurosa y coherente con el contexto urbano del conflicto.

Bogotá, miércoles 15 de julio de 2025

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI

Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones 

Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones

IEPRI.