Reforma agraria en Colombia: avances recientes y desafíos persistentes en la redistribución de la tierra.

Estamos asistiendo a unos tremendos avances en el campo colombiano fruto de las luchas del campesinado y los pueblos étnicos pero los retos para la redistribución persisten. 

Colombia ha sido históricamente uno de los países con mayor concentración de la tierra en América Latina. Aunque los procesos de redistribución han sido intermitentes, en los últimos años se han producido avances importantes que reactivan el debate sobre la necesidad de una reforma agraria efectiva y con enfoque territorial.

Uno de los progresos más relevantes, según la profesora Jenniffer Vargas Reina, experta en temas agrarios y docente de la Universidad Nacional de Colombia, es el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto especial de protección.

“Esto se hizo a través del acto legislativo 01 del 2023 y con este acto lo que se está buscando es reconocer al campesinado como sujeto político; pero también tiene implicaciones en términos de política pública en cuanto al desarrollo de planes, programas y proyectos que reconocen al campesinado como un sujeto diferencial”.

Este avance representa un cambio sustantivo en la manera como el Estado se relaciona con las comunidades rurales. No se trata solamente de reconocer su existencia, sino de establecer garantías diferenciales y diseñar políticas públicas orientadas a la protección de sus derechos, necesidades e identidades.

Otro de los logros destacados es la creación de la jurisdicción agraria, un sistema de justicia especializado para atender los conflictos en el campo.

“Nuestro país adolece de una justicia para el campo. Ha habido muchos intentos en este siglo, pero todos terminaron fracasando. En el marco de este gobierno se ha logrado avanzar en la consolidación de esta jurisdicción y ya se aprobó la ley estatutaria (acto legislativo 03 de 2023 y estamos a la espera de que el Congreso apruebe la ley ordinaria para que la jurisdicción pueda entrar en operación”,

explica la profesora Vargas, quien señala que esta medida busca superar los vacíos del sistema judicial ordinario frente a las particularidades de la ruralidad colombiana.

A ello se suma una tercera línea de acción: la compra de tierras con fines redistributivos. Aunque la legislación colombiana contempla mecanismos como la expropiación por motivos de utilidad pública, el gobierno ha optado por impulsar una política de compras voluntarias en zonas con altos niveles de desigualdad.

“El Gobierno, en vez de hacer uso de mecanismos que ya tiene la ley, por ejemplo, la expropiación, ha decidido desarrollar una política de compra de tierras en aras de disminuir la concentración de la propiedad en zonas que presentan una gran desigualdad (…) 

Estos avances, entre otras conquistas del campesinado, han devenido en un crecimiento productivo del campo. “Si vemos la economía de nuestro país, el sector agropecuario ha aportado un 47% del Producto Interno Bruto en el año 2024. Esto es histórico. Es la primera vez, desde hace muchas décadas, que el sector agrario se revitaliza y que aporta para el desarrollo económico de nuestro país. En últimas, hay una apuesta porque la tierra se redistribuya”.

No obstante, los avances recientes, la reforma agraria en Colombia continúa enfrentando desafíos estructurales que limitan su alcance. Uno de los principales es la débil articulación entre las instituciones responsables de implementar la política rural, lo que dificulta la provisión de infraestructura, asistencia técnica, acceso a crédito y comercialización de productos, todos elementos fundamentales para que la redistribución de tierras sea efectiva.

A esto se suma la falta de aprobación de la ley ordinaria que permita poner en funcionamiento la jurisdicción agraria, una herramienta clave para resolver conflictos sobre la tierra de manera especializada. Además, la Agencia Nacional de Tierras ha visto restringida su capacidad para recuperar baldíos o aplicar procesos de extinción de dominio, debido a la judicialización de       trámites        que    anteriormente       podían          resolverse administrativamente. Estos límites institucionales se ven agravados por las resistencias políticas frente a cualquier intento de redistribución, y por la persistente violencia contra campesinos, líderes y lideresas que reclaman el acceso a la tierra en diversas regiones del país.

El balance muestra que, aunque se han producido avances normativos y administrativos significativos, su impacto dependerá de la capacidad del Estado para sortear los bloqueos institucionales, reducir la violencia y garantizar condiciones estructurales para el desarrollo rural. La reforma agraria no es solo una promesa histórica: sigue siendo una necesidad urgente para construir un país más equitativo, democrático y en paz.

Bogotá, miércoles 30 de julio de 2025

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI

Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones 

Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones

IEPRI.