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Un nuevo proyecto de ley en discusión plantea reformas profundas al sistema de distribución de competencias y recursos entre la Nación, las entidades territoriales y los beneficiarios del Sistema General de Participaciones (SGP).
En días pasados se conoció el documento que propone la reforma al sistema de distribución de competencias. El objetivo central es fortalecer la autonomía territorial, avanzar en la descentralización y reducir las desigualdades regionales, en línea con los artículos 151, 356 y 357 de la Constitución Política.
El texto propone establecer un marco orgánico que garantice una asignación más equitativa de recursos, reconociendo las particularidades sociales, culturales y económicas de cada territorio. Además, busca redefinir las competencias entre los niveles de gobierno, de manera que las entidades territoriales puedan ejercer un rol más protagónico en la gestión de sus recursos y en la implementación de políticas públicas locales.
De acuerdo con el borrador, el rediseño del SGP apunta a mejorar la eficiencia en áreas clave como educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otros servicios sociales esenciales, con el propósito de cerrar las brechas que persisten entre regiones urbanas y rurales. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales, otorgándoles mayor autonomía en la planeación y ejecución del gasto público.
Al respecto, Darío Restrepo, profesor a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, afirmó:
“Después de que comience la implementación del sistema, unos 36 billones de pesos se invertirán prioritariamente en salud, educación, agua apta para el consumo humano y saneamiento básico a través de los municipios y a través de los departamentos. (…) Eso va a significar una redistribución de placas entre niveles del territorio nacional, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas y a la vez una reestructuración de competencias de la función pública, o sea, una reestructuración de las relaciones entre nación y territorios alrededor del Sistema General de Participaciones.”.
El proyecto también introduce principios de solidaridad, equidad y sostenibilidad fiscal, de modo que los recursos de la Nación se distribuyan con base en criterios de población, niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y desempeño de gestión. Con ello, se busca responder a una de las críticas históricas al modelo centralista: la concentración de decisiones en Bogotá y la limitada incidencia de los gobiernos locales en el manejo de recursos.
Este proyecto abre el debate sobre la urgencia de profundizar la descentralización en Colombia, un tema que ha sido recurrente desde la Constitución de 1991 y que sigue enfrentando resistencias políticas y técnicas. En ese sentido, la discusión sobre este articulado podría convertirse en una oportunidad para replantear la relación entre el Estado central y las regiones, y avanzar en el propósito de construir un país más equitativo e inclusivo.
Bogotá, miércoles 24 de septiembre de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones IEPRI.
