El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) fue creado en enero de 2017, mediante el decreto 896 de ese mismo año, como resultado de lo negociado entre las FARC y el gobierno Santos. En el mismo texto del acuerdo final se establece que parte de la solución a este problema de los cultivos de uso ilícito es la puesta en marcha de una nueva estrategia de sustitución de estos cultivos, que involucre a las comunidades afectadas en la toma de decisiones y que a su vez haga parte de la reforma rural integral. Se establece también en el acuerdo final que este programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito tendría como parte de sus pilares la sustitución voluntaria, y el respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana.
En 2021, investigadores del Observatorio de Tierras, del que hace parte el IEPRI, publicaron el informe “La paz con bala y hambre está muy difícil”, documento en el que se hace un balance de la aplicación del PNIS y se presentan los resultados de la encuesta aplicada a usuarios de este programa en el año 2019 y 2021.
En este informe se reporta el sistemático incumplimiento a los compromisos del Acuerdo Final de Paz respecto de la sustitución voluntaria y concertada, y además los investigadores resaltan seis planteamientos que dan cuentan de este escenario de incumplimientos:
1.) que El PNIS no ha sido la estrategia priorizada para enfrentar los cultivos ilícitos según los compromisos del Acuerdo;
2.) que Los incumplimientos han reducido sustancialmente los ingresos de las familias inscritas;
3.) que El programa ha generado prácticas excluyentes con el retiro injustificado de las familias inscritas al PNIS y la falta de cobertura;
4.) que La sustitución ha puesto en riesgo a los líderes sociales;
5.) que Los retrasos en la Reforma Rural Integral afectan negativamente la implementación del PNIS y
6.) que El PNIS es un programa desfinanciado.
Para este episodio de “Así está la Vaina” hemos invitado a Diana Machuca, politóloga, magíster en estudios políticos del IEPRI, investigadora del Observatorio de Tierras y de Cipadh el Centro de Investigación y Acción para la Paz y los Derechos Humanos.