El pasado 13 de junio, en plenaria del Senado, se aprobó, en último debate, la Jurisdicción Agraria y Rural.

El acto legislativo, aprobado con 76 votos, busca implementar una justicia especializada en asuntos agrarios y de tierras. Este proyecto, impulsado desde el gobierno de Gustavo Petro, surge como resultado del primer punto del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP, que hace referencia a la reforma rural integral.

Este acto legislativo tiene por objetivo reconocer a los campesinos y las campesinas como sujetos políticos, de derechos y de especial protección, y de esta forma saldar la deuda histórica que tiene el estado colombiano con el campesinado, la principal víctima del conflicto armado en Colombia.