El proyecto no superó los seis debates siendo archivado con 55 votos en contra y 22 que lo respaldaron.
El pasado 6 de mayo el proyecto de ley que pretendía otorgar el permiso a funcionarios de elección popular para hacer transfuguismo político sin señalamientos por doble militancia se hundió en el Senado. La propuesta, que ya había sido aprobada en la Comisión Primera, permitía total libertad a los distintos movimientos políticos para participar de los procesos electorales de su preferencia haciendo uso de un sistema de afiliación flexible.
En términos generales, el transfuguismo político en Colombia se refiere al comportamiento de un representante que, tras ser elegido por un partido o movimiento, decide apartarse de sus lineamientos, apoyar otras colectividades (incluso contrarias) sin justificación previa y sin dejar oficialmente su cargo.
El transfuguismo es considerado como una forma de “deslealtad política” que tiene consecuencias éticas y legales toda vez que va debilitando los partidos, que son vehículos programáticos y proyectos colectivos que se construyen con base a principios comunes ante la ciudadanía. Por lo tanto, el cambio de un partido a otro, o incluso la creación de nuevos partidos sin regulación ni restricción, disminuye su credibilidad y la del sistema electoral.
Hoy en día, si un funcionario electo a través de un partido específico quiere cambiar a otro diferente, debe renunciar un año antes de las elecciones, perder su curul y dejar su puesto a disposición de su partido original. La reforma en cuestión buscaba reducir el plazo a un mes, darle la libertad al político para llevarse el puesto y repetir el proceso cada cuatro años, bajo el argumento de que lo que se eligen son las personas y no partidos, y que, por el contrario, los candidatos no deberían estar atados a ninguna estructura partidista que no represente sus ideales en todo sentido.
Al respecto, el profesor David Roll, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, con posdoctorado en Élites Parlamentarias y docente del Departamento de Ciencia Política afirmó:
“Si de verdad queremos gobernabilidad, necesitamos muchos menos partidos. Se le ha dado personería a muchísimos partidos y eso es un problema. Hay que buscar alguna fórmula (…) De aquí en adelante lo que tenemos que pensar es cómo convencer a los ciudadanos para que exijan que haya una reforma política en la cual se reduzca el número de partidos. Convencer a los congresistas, convencer al presidente de turno, como se hizo en su momento”.
Cabe resaltar que el proyecto no superó los seis debates siendo archivado con 55 votos en contra y 22 que lo respaldaron. A partir de la Constitución de 1991, la apertura para que cualquier ciudadano pudiera crear un partido político transformó el panorama electoral colombiano, pasando de un esquema dominado por dos colectividades tradicionales a una proliferación desbordada de agrupaciones. Ya en 2002, la participación de más de cien partidos, muchos sin propuestas ideológicas sólidas y centrados en figuras individuales, evidenció una profunda fragmentación que dificultaba la gobernabilidad. A pesar de todo, la Reforma Política de 2003 buscó restaurar el equilibrio mediante medidas como la imposición de umbrales y sanciones al transfuguismo, con el fin de fortalecer la coherencia interna de los partidos y asegurar que los elegidos se mantuvieran leales a los proyectos por los cuales fueron respaldados en las urnas. De esta manera, los representantes responderían a intereses colectivos y proyectos comunes, y no a ideales individualistas.
“Como diría Giovanni Sartori, Más de cinco partidos ya eso es pluripartidismo atomizado, eso no es conveniente. Necesitamos unos seis partidos (…) Dos a la izquierda, dos a la derecha, dos en el centro. Y que la gente tenga entonces la capacidad de saber: “Yo voto por esto porque me siento en el centro, voto por este” y no una cosa “loca” como la que está sucediendo ahora. Eso genera mucha ilegitimidad, en favor de la legitimidad; se necesita que se consolide la prohibición del transfuguismo y de la fragmentación no solamente con la norma de doble militancia, sino con muchas otras que deben incluirse en el ordenamiento”.
Afirmó el profesor David Roll.