Pese a los esfuerzos por disminuir la violencia en el país, una buena parte de la ciudadanía considera que el proyecto de la Paz Total está fracasando.
En las últimas semanas han salido a la luz varias noticias alarmantes en materia de seguridad que han generado zozobra entre los colombianos. Tanto las zonas urbanas como las rurales atraviesan un periodo de recrudecimiento del fenómeno de la violencia que se ha hecho evidente, no solo en sucesos de talla nacional, sino también en la cotidianidad de la ciudadanía, que manifiesta sentirse cada vez más insegura.
En las últimas semanas se han registrado varios casos de feminicidios y abusos contra mujeres y mujeres trans en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia. Del mismo modo, el más reciente caso de acceso carnal abusivo a menores de edad protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que causó conmoción e indignación nacional, reavivado los debates frente a la necesidad urgente de establecer medidas más rigurosas para garantizar la protección a las mujeres, los menores de edad y la comunidad LGBTIQ+ en Colombia.
Por otra parte, en lo que va corrido del año se ha evidenciado un aumento en los casos de secuestro de 69 a 85 en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo la región del Catatumbo el epicentro de enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC-EP, dejando como resultado más de 70 personas muertas y cerca de 60.000 personas desplazadas.
Otra cifra que también preocupa es el aumento de casos de reclutamiento forzado de menores de edad. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solo entre enero y abril del año en curso se han identificado 146 cuentas activas en tik tok utilizadas para este fin, confirmando al menos 140 casos de menores que han ingresado a grupos armados ilegales. La mayoría de casos se concentran en los departamentos del Cauca, Nariño y Caquetá.
Al respecto, el profesor Adolfo Adrián Álvarez Rodríguez, experto en Gestión de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada y director Instituto de Paz de la Universidad del Valle afirmó:
“Lo primero que diría es que son hechos que tienen que ver con la diversidad de actores y de factores de violencia…“expresiones de conflictividad asociadas a diversas condiciones y especialmente a las economías ilegales.” (…) Si bien hay narrativas que tratan de asociar esas acciones como parte de un proyecto político revolucionario, en buena parte corresponden a prácticas criminales de acumulación afincadas en economías ilegales, el control de los territorios y especialmente de las comunidades que los habitan”.
Debido a los hechos expuestos con anterioridad, la percepción de seguridad en la opinión pública ha empeorado. Una buena parte de la ciudadanía considera que el proyecto de la Paz Total propuesto por el presidente Gustavo Petro está fracasando, toda vez que no ha logrado disminuir la violencia que sufren las comunidades ni tampoco debilitar a los grupos armados al margen de la ley. Pese a que se han adelantado acciones de diálogo y negociación en un esfuerzo por cesar las economías ilegales, los desplazamientos, los ataques y los enfrentamientos, la violencia ha aumentado en varias regiones del país:
“Esta política de paz total requería y requiere mucho diálogo, mucha articulación, y acuerdo político institucional, ente niveles del Estado (el gobierno nacional, los gobiernos territoriales y locales) y entre sectores del Estado: la justicia, la policía, y eso no parece ser tan claro y contundente. (…) Incluso más bien está precedido por tensiones entre algunos niveles del estado y eso, obviamente, termina debilitando la posibilidad enfrentar adecuadamente a los actores y a las condiciones de violencia. También demandaba una política de seguridad efectiva en disuadir a los grupos ilegales, (…) Finalmente requiere diálogo y acuerdos en los territorios con las comunidades, los gobiernos locales y otros actores como empresarios y otros grupos que tienen presencia en los territorios”. Afirmó el profesor Adolfo Adrián Álvarez.
Cabe mencionar que otro de los factores que puede haber incidido de forma directa en el aumento de los hechos de violencia en las regiones de Colombia ha sido la disminución del presupuesto destinado a la implementación del Acuerdo de Paz, el cual ha sufrido recortes significativos en áreas como la participación política y la sustitución de cultivos ilícitos.
Bogotá, martes 27 de mayo de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones IEPRI.