Momento crítico para la paz total: entre fragmentación, gobernanzas criminales y crisis humanitarias.

Pese a que la estrategia de paz total avanza con zonas de ubicación para desmovilizados y acuerdos locales, se enfrenta a la fragmentación, gobernanzas criminales y crisis humanitarias en Colombia.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, se ha venido ejecutando la estrategia de paz total con el fin de hacerle frente al conflicto armado en Colombia. Entre las acciones relacionadas, se ha conocido la implementación de un decreto clave que buscó autorizar la instalación de una zona de ubicación temporal para cerca de 500 combatientes del Frente 33, una disidencia de lo que había sido hace unos años el bloque Gentil Duarte, en Tibú (Catatumbo).

Si bien, en un principio esta medida buscó contribuir de forma oportuna al proceso de transición del grupo armado hacia la dejación de armas y la legalidad, tras algunas semanas de implementación, ha dejado al descubierto varias falencias y fracturas internas al interior de la misma guerrilla: mientras Andrey Avendaño (uno de los principales comandantes del frente) apoya el proceso, Calarcá Córdoba, vinculado al Estado Mayor Central, lo ha rechazado en repetidas ocasiones, obstaculizando los procesos de negociación y la apuesta por contener el desplazamiento forzado de más de 67.000 personas en la frontera con Venezuela.

Sin embargo, la implementación de este tipo de estrategias convive con una realidad mucho más compleja: la descomposición de las FARC dio paso a un ecosistema criminal altamente atomizado, donde distintas facciones —desde disidencias armadas hasta el ELN, pasando por estructuras como los “Comandos de la Frontera”— disputan el control social, económico y territorial en áreas donde el Estado es apenas una presencia simbólica.

Por su parte, la respuesta del Estado no ha sido uniforme. Por un lado, el Ejército ha intensificado los operativos militares contra facciones disidentes especialmente el Frente 33, Calarcá Córdoba y el Bloque Jorge Suárez Briceño, en un intento por contener el avance armado sin establecer, hasta ahora, un cese al fuego definitivo. Por otro, las dinámicas de violencia no han cedido: recientemente, en Guaviare, alias Iván Mordisco decretó un toque de queda ilegal en varios municipios como muestra de poder y desafío abierto al Estado. En paralelo, los enfrentamientos entre los propios grupos armados, como el que sostiene Calarcá con Mordisco, continúan paralizando la vida civil y económica en distintas regiones, haciendo aún más complejo cualquier avance negociador. Sobre este tema, Eduardo Pizarro, sociólogo y profesor emérito de la Universidad nacional de Colombia, afirmó:

“A mi modo de ver, el principal reto que está enfrentando la paz total es la enorme fragmentación de los grupos armados no estatales, tanto los de origen político como los de origen propiamente criminal. En estos momentos el gobierno tiene abiertos nueve frentes de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (…) Es decir, en vez de haber priorizado la política de paz con los grupos provenientes de organizaciones de carácter político, se abrieron nueve frentes sin prioridad y con equipos muy improvisados. Este es el primer factor y el segundo factor es la enorme fragmentación de todos estos grupos. Es muy impactante porque arrancamos con un número alto, pero hoy en día se ha multiplicado (…) es decir, tenemos una fragmentación enorme de los grupos armados que a su turno se están fragmentando entre sí”.

Más allá de los avances puntuales en mesas de diálogo o en acuerdos localizados, distintos expertos coinciden en que la fórmula para lograr una paz sostenible va mucho más allá de la negociación armada. De esta manera, una de las condiciones estructurales para consolidar la paz en Colombia es la presencia integral del Estado en los territorios históricamente marcados por la violencia. Esto implica no solo despliegue militar, sino también justicia efectiva, inversión social, servicios básicos, infraestructura, acceso a salud, educación y alternativas económicas. Sin ese acompañamiento institucional robusto, los acuerdos con grupos armados tienden a diluirse en medio del vacío de poder que dejan tras su repliegue.

Por otra parte, las rentas ilegales siguen intactas e incluso en expansión. La economía del narcotráfico, especialmente la ligada al cultivo de hoja de coca, continúa siendo el principal sostén financiero de estos grupos armados. El aumento de los cultivos ilícitos en regiones como el Pacífico y el nororiente del país demuestra que no se ha logrado articular una estrategia efectiva de sustitución económica ni de transformación productiva. Sin atacar las bases materiales que financian el conflicto, cualquier proceso de paz queda en riesgo de ser instrumentalizado o revertido.

“Una de las cuestiones más delicadas que estamos viviendo actualmente es que para lograr la paz, de acuerdo con la experiencia que hemos tenido en el pasado, se requiere que haya, además de la negociación de paz con el grupo armado, una ocupación integral del Estado, que no es solamente una ocupación militar, sino igualmente justicia, inversión social y otra serie de elementos de participación estatal y un debilitamiento de las rentas ilegales. Y lo que estamos viviendo actualmente es que las negociaciones de paz no se están acompañando y la ocupación de los territorios está surgiendo. Lo que los expertos denominan gobernanzas criminales, sobre todo en las fronteras más vulnerables, marítimas y terrestres del país, como es el Catatumbo, donde está el Frente 33, o es Nariño o es el Chocó u otras regiones sensibles de Colombia y a su turno no se están debilitando las rentas ilegales porque siguen aumentando los cultivos de hoja de coca”. Afirmó el profesor Eduardo Pizarro.

En conclusión, la política de “Paz Total” enfrenta un momento crítico: avanza con zonas de ubicación para desmovilizados y acuerdos locales, pero se topa con una violenta realidad de fragmentación, gobernanzas criminales y crisis humanitarias. La consolidación de este proceso requiere más que medidas militares: demanda ocupación efectiva del Estado, inversión social robusta, acceso a justicia, fortalecimiento territorial y desmontaje de las economías ilícitas que sostienen estas estructuras. Solo así, Colombia podría transitar de una paz fragmentada a una paz plena y sostenible.

Bogotá, martes 10 de junio de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones
IEPRI.