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El atentado ha provocado reacciones múltiples por parte de distintos sectores políticos y ciudadanos.
El pasado 7 de junio de 2025 el país presenció un hecho de violencia que puso nuevamente en jaque la democracia colombiana: durante un mitin en el barrio Modelia en la localidad de Fontibón en Bogotá, el precandidato presidencial por el centro democrático Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado que lo dejó gravemente herido, perpetuado por un joven de 14 años, que fue capturado luego de que la comunidad y el cerco de seguridad lo aprehendieran.
Uribe fue trasladado a la Fundación Santa Fé donde permanece en estado crítico tras haber sido sometido a varias cirugías de emergencia para intentar mitigar el daño neurológico y la hemorragia intracerebral producida por los disparos que recibió en la cabeza.
Tras el atentado fueron desplegadas todas las medidas de seguridad que dieron como resultado la captura del que se presume, es el autor material del hecho en cuestión, junto con otras dos personas vinculadas con el atentado. Del mismo modo, la Fiscalía continúa investigando sobre la procedencia del arma implicada, su origen y su presunta relación con el mismo esquema de seguridad del precandidato.
El atentado ha provocado reacciones múltiples por parte de distintos sectores políticos. Del mismo modo, la ciudadanía ha participado de protestas masivas como la “Marcha del Silencio”, manifestación llevada a cabo el pasado domingo 15 de junio, en oposición a este acto de violencia política que evidencia faltas de garantías para la democracia en el país. Al respecto, Rosembert Ariza Santamaria, profesor del departamento de sociología y profesor vinculado al IEPRI en la Universidad Nacional de Colombia afirmó:
“El atentado de Miguel Uribe se inscribe y encuadra en eso que llamamos “las dinámicas históricas de violencia política en Colombia”. La violencia política en nuestro país ha sido permanente. Si uno revisa en el largo tiempo la Guerra de los Mil Días, la masacre del 9 de abril, el genocidio de la Unión Patriótica, todos los homicidios que conocemos, lo que tenemos ahora es, sin duda, una nueva dinámica de violencia que nos cuesta comprender. Creo que hoy la disputa es territorial por las economías ilegales, por el control de poblaciones y de recursos estratégicos.”
El impacto del atentado ha detonado reflexiones muy profundas que recuerdan los magnicidios de los años 80 y 90 como los de Galán, Pizarro y Gómez Hurtado, víctimas que marcaron profundamente la política nacional y simbolizan los peligros de la violencia como herramienta de poder.
Por su parte, este hecho violento contra Miguel Uribe pone en tensión la dinámica de campaña presidencial dispuesta para el 2026. Del mismo modo, este atentado también ha dejado ver dinámicas catalogadas como oportunistas por parte de algunos sectores que han buscado generar protagonismo y figurar en medios de comunicación, estigmatizando y adjudicando este hecho a sus opositores.
“Creo que los retos que tenemos son muchos para mantenernos en este cauce democrático. Los partidos pretenden sacarle partido a este momento, a las consecuencias de este atentado político. Creo que esto eleva la tensión, el miedo social y, sin embargo, considero que este tipo de atentados políticos como el del 7 de junio al senador de derecha Miguel Uribe, hieren la democracia tanto como todos los atentados que hay y todos los asesinatos que hay de firmantes y combatientes asesinados, como de líderes y lideresas de derechos humanos”. Afirmó el docente Rosembert Ariza.
El reto sigue siendo el uso público del lenguaje presente entre sectores de izquierda y de derecha, que por un lado advierte sobre redes criminales relacionadas con el narcotráfico y por otro, hace uso de estrategias de polarización que recrudecen el conflicto y lo tornan personal y violento. Se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos partes médicos que muestren una evolución positiva de las lesiones de Miguel Uribe Turbay.
Bogotá, martes 17 de junio de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones IEPRI.
