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La escalada de violencia en el Cauca y Valle del Cauca ponen a prueba la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad nacional.
Desde inicios de junio el suroccidente del país fue sacudido por una serie de atentados atribuidos a las disidencias de las FARC, en cabeza de Iván Mordisco en lo que se considera, una conmemoración a la muerte de alias Mayimbú, uno de los objetivos militares más importantes en el Valle del Cauca y dado de baja durante el gobierno de Iván Duque en 2022.
La escalada violenta ha registrado ataques armados con uso de artefactos explosivos como motobombas y cilindros, los cuales suman varias personas heridas y un muerto. Del mismo modo, estos eventos han afectado principalmente los municipios de Cali, Jamundí, Timbiquí, Buenaventura y Corinto.
Por su parte, el presidente de Colombia Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez respondieron a los actos terroristas con una estrategia de contraofensiva militar que consistió en reforzar de manera significativa los patrullajes, vigilancia y operativos antiexplosivos en las zonas de mayor incidencia.
La presencia de grupos armados y eventos promulgados por las disidencias de las Farc reaviva una creciente preocupación en los habitantes de esta y otras zonas del país. Los ataques y su relación con las economías ilegales ponen nuevamente en disputa los territorios, su seguridad y soberanía. Al respecto, Gildardo Vanegas, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca en Popayán afirmó:
“La ola de atentados que vivimos en el suroccidente es una prueba indiscutible de la existencia de las organizaciones armadas en esta zona del país. Esta ha sido una demostración de su existencia, de su capacidad de generar este tipo de actos. También hay que señalar que, las disidencias de las Farc en esta zona del país son disidentes que provienen de frentes y bloques muy fuertes que históricamente han combatido y han resistido el embate de las fuerzas de seguridad del Estado (…) Estos ataques son una evidencia de ese poder y de esa presencia que, por supuesto, tiene novedades, sobre todo en su relación con las economías ilegales y con los territorios que están controlando y con las disputas en las que están involucradas”.
A pesar de la estrategia adoptada por el presidente de la República, los gobernadores y alcaldes de los municipios en cuestión siguen demandando acciones más visibles y contundentes que determinen ciertas medidas de choque: la propuesta es iniciar una estrategia de contraofensiva que incluya el regreso de los bombardeos contra los campamentos guerrilleros, más presencia de fuerzas militares en las zonas afectadas y bloqueo total de actividades de minería y narcotráfico. Del mismo modo, exigen que sea despejada y custodiada la vía Panamericana, la cual ha sido bloqueada por las mismas disidencias, generando indignación e inseguridad para la ciudadanía en general.
Aunque estas acciones a simple vista podrían dar una ilusión de seguridad, algunos expertos aseguran que para erradicar la violencia y la avanzada de las disidencias en estas zonas es importante implementar estrategias integrales y retos a nivel institucional: la propuesta pretende incluir recompensas económicas por información de interés sobre cabecillas Disidentes; refuerzo masivo de tropas y cuadrantes de policía en zonas urbanas y rurales; despliegue de equipos antiexplosivos e inteligencia militar con enfoque preventivo, principalmente con acciones de desarrollo social que promuevan la sustitución de cultivos ilícitos, el control del reclutamiento infantil y el refuerzo de la presencia estatal a nivel general. Estas acciones podrían tener mayor incidencia y causar menos daño que una contraofensiva violenta de forma directa.
“No considero conveniente la posibilidad de los bombardeos, porque estas organizaciones están en medio de la sociedad civil y las consecuencias pueden ser complicadas por los denominados daños colaterales, que siempre comprometen la vida de los civiles y sus bienes. Creo que los procesos de negociación siempre son la mejor salida, a pesar de las dificultades (…) Hay que insistir en los diálogos. Creo que hay que recomponer las mesas y sobre todo proteger a la población civil, que es la que está en medio de esta situación”. Lo que ha pasado recientemente en el Plateado y lo que se anuncia para el municipio del Tambo, da cuenta de novedades en relación con los actores armados. El secuestro de los soldados y el llamado a la defensa de los territorios “de manera pacífica y obligatoria”, son indicativos de esas novedades. Afirmó el profesor Gildardo Vanegas.
Sin duda, estos atentados dan respuesta a una estrategia de las disidencias que consiste en ejercer presión contra el Estado, para obligarlo a negociar. Del mismo modo, buscan poner a prueba la capacidad real del Gobierno para garantizar seguridad. Sin un pacto social que combine fuerza militar con reconstrucción institucional, la táctica de violencia puede resultar solo un paliativo temporal, dejando intactas las causas estructurales de la guerra en el suroccidente.
Bogotá, martes 23 de junio de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones
IEPRI.
