Corrupción sistémica: una bomba de tiempo en Colombia

La contratación pública se sitúa como uno de los problemas más serios que afronta país.

En las últimas semanas Colombia ha sido protagonista de presuntos hechos de corrupción que han salido a la luz pública posicionando al país en niveles críticos. Según algunas cifras presentadas en un informe de Transparencia por Colombia, la nación obtuvo 39 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, descendiendo al puesto 92 entre 180 países. Los hechos más nombrados involucran pérdidas cercanas a los 21,3 billones de pesos y desviación de recursos especialmente en contratos públicos, infraestructura y salud.

Dentro de los problemas más serios que afronta el país, la contratación pública se sitúa en el centro: según el Congreso Nacional y la Contraloría General, anualmente se pierden cerca de 50 billones de pesos equivalentes al 4 % del PIB, en donde aproximadamente el 7 % se destina para contratos por licitación; el resto se adjudica de forma directa o por régimen especial, reflejados luego en elefantes blancos que acumulan informes interminables, presupuestos mal manejados, gastos innecesarios y obras sin terminar.

Hace poco salió a la luz el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con cinco detenidos, tres exfuncionarios confesos y congresistas implicados. Otro caso nombrado ha sido la investigación judicial que recae sobre miembros y expresidentes del Congreso por ofertar cargos y contratos públicos a cambio de apoyo y respaldo político, incluso la reciente señal de alerta relacionada con presuntas malas prácticas de gobernanza, presiones políticas e irregularidades administrativas presentadas por Ecopetrol, tras el contrato de casi 6 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling, aprobado sin el aval completo de la Junta Directiva de la empresa estatal más grande de Colombia.

Cabe mencionar que estos hechos no han surgido de manera aislada. Otros escándalos graves como el “Carrusel de los carros blindados” que involucróa la Unidad Nacional de Protección (UNP) y altos mandos civiles y militares conocido en 2024 o el “Cartel de la hemofilia” en Córdoba, con los entonces gobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, demuestran que la corrupción es un fenómeno común en Colombia, está en todos los niveles de gobernanza, y sigue patrones que reflejan la debilidad institucional del país.

Al respecto, Andrés Hernández Montes, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, indicó:

“Son casos que, a pesar de haber salido a la luz pública recientemente, reflejan patrones de debilidad institucional y de riesgos de corrupción. Me voy a referir a tres en concreto: En primer lugar, la alta influencia que todavía tienen los intereses políticos particulares sobre entidades que tienen una responsabilidad muy amplia frente a la sociedad (…) Hay un segundo elemento (…) que es la alta incidencia justamente sobre presupuestos públicos, sobre recursos públicos, sobre contratación pública (…) y lo tercero que voy a mencionar en estos patrones, es que son escándalos que si bien aparecen ante la opinión pública y tienen de alguna manera algún efecto de sanción social, son muy difíciles de investigar, son muy difíciles de llegar a un proceso de pruebas efectivas, materiales que ayuden a llevar esto a una sanción ágil, a una sanción ejemplarizante”.

La preocupación crece al conocer que los mecanismos actuales parecen no estar logrando poner un freno a los hechos de corrupción en Colombia: según un artículo publicado por el periódico “El Colombiano”, la Fiscalía archivó cerca de 720.000 casos entre enero y julio de 2024; cada día, unas 3.300 causas quedan sin resolver, lo que evidencia el riesgo constante de impunidad. Del mismo modo, se percibe que no hay sanciones ejemplarizantes que generen disuasión. En el Congreso, las reformas anticorrupción avanzan lentamente y sin un enfoque claro, erosionando cada vez más la confianza ciudadana.

“Creo que los organismos de control y todo el sistema de control que tenemos diseñado en Colombia necesita, no solamente avanzar en fortalecer esas capacidades para poder incorporar visiones mucho más robustas que permitan acercar estas problemáticas cada vez más complejas, sino que, sobre todo, necesitamos también de alguna manera hacer una evaluación de fondo sobre si esos mecanismos, sobre si ese diseño de control está funcionando o no, cuando sabemos que hay un altísimo nivel de gasto público”. Afirmó Andrés Hernández.

Bogotá, martes 17 de junio de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones
IEPRI.