Iván Name y Andrés Calle son vinculados a un presunto caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Desastres (Ungrd).
En días pasados, los expresidentes Iván Name y Andrés Calle, del Senado y de la Cámara de Representantes respectivamente, protagonizaron un presunto caso de corrupción relacionado con los manejos de fondos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Por instrucción del Alto Tribunal fue ordenada su captura por delitos de cohecho y peculado.
Las acusaciones vincularon al senador del partido verde y al representante a la cámara por el partido Liberal a un suceso relacionado con la supuesta obtención de $4.000 millones a cambio de apoyar las reformas del gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, en el Congreso. La investigación en cuestión busca determinar si en efecto, estos dineros sirvieron para darle fuerza e impulsar de alguna manera la reforma a la salud y la reforma pensional. Del mismo modo, se busca confirmar si parte de ese recurso, también se usó para financiar campañas políticas de familiares vinculados a los acusados, en las elecciones regionales en 2023. Al parecer, el dinero se recibió a través de un contrato con sobrecostos, cuyo fin era la adquisición de 40 carrotanques de abastecimiento de agua potable para el municipio de la Guajira. Sin embargo, actualmente los vehículos se encuentran fuera de servicio.
Pese a las acusaciones sobre el desvío de recursos, Billy Torres, abogado de Andrés Calle, ha informado que su apoderado se declara inocente y se encuentra presto a seguir el conducto regular para demostrarlo. No obstante, el hecho ha desatado fuertes cuestionamientos y dudas en el país. Al respecto, Juan Gabriel Gómez, abogado del Externado de Colombia, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad Washington en Saint Louis y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, afirma:
“Indudablemente el cuestionamiento al gobierno por parte de los partidos de oposición va a ser muy fuerte y esto va a poner numerosas trabas a cualquier intento que haga el Gobierno de avanzar su agenda legislativa”.
Este caso puede ser tenido en cuenta como el reflejo de una realidad latente en el país, demarcando fallas estructurales en el sistema político colombiano el cual sigue funcionando de manera irregular a través de alianzas internas de intercambio de favores. La propuesta sería reformar el sistema desde sus cimientos, buscando dar mayor garantía a la transparencia y la soberanía justa y democrática:
“(…) Yo he venido insistiendo en que el sorteo podría ser un mejor mecanismo de selección de las personas encargadas de tomar decisiones colectivas, aun en el nivel nacional e incluso también en el nivel regional y local. Esta es una idea que amerita muchísima consideración. (…) otra de las reformas absolutamente necesarias es el fortalecimiento de la carrera administrativa o también de lo que se llama “el servicio civil”. Necesitamos funcionarios que no dependan de las transacciones que realizan los políticos con sus adherentes y con miembros del gobierno para nombrar personas en el Estado. Necesitamos funcionarios independientes, capaces, probos… y estas han sido reformas aplazadas.”
Bogotá, lunes 12 de mayo de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones IEPRI.