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Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato en cultivos ilícitos han reavivado una de las discusiones más sensibles en la política antidrogas colombiana.
La posibilidad planteada por el presidente Gustavo Petro de retomar las aspersiones aéreas con glifosato en zonas de cultivos ilícitos ha generado nuevamente polémica en el país, reabriendo un tema que ha sido eje central de las discusiones sobre la estrategia antidrogas. La propuesta surge tras los ataques al Ejército durante operativos de erradicación manual, pero contradice promesas de campaña, compromisos internacionales y fallos judiciales que han limitado el uso del herbicida desde 2015.
El glifosato, suspendido por decisión de la Corte Constitucional bajo el principio de precaución, está asociado a riesgos graves para la salud y el medio ambiente: problemas respiratorios y dermatológicos en comunidades expuestas, contaminación de fuentes de agua y pérdida de biodiversidad en ecosistemas estratégicos. Además, la aspersión aérea ha sido señalada por generar impactos sociales negativos, como la criminalización de
En este contexto, Jaime Zuluaga, profesor emérito del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Externado de Colombia, cuestionó de manera contundente esta posibilidad:
“Creo que es profundamente equivocada la posición anunciada por el presidente Gustavo Petro de eventualmente reanudar la aspersión aérea con glifosato, no solamente va en dirección contraria a lo convenido en el acuerdo final con las Farc de 2016, sino también con la política del pacto histórico. Contraría además la posición sostenida durante tres años por el presidente Petro, en el sentido de considerar que la guerra contra el narcotráfico y en particular las fumigaciones, han sido absolutamente desacertadas, dañinas, ambientalmente negativas como política antinarcóticos, y además afectan gravemente a la población campesina criminalizada por sus vinculaciones o sus articulaciones a la economía del narcotráfico.”
El debate también trasciende lo ambiental y lo social para instalarse en el terreno de la legalidad y la coherencia política. Zuluaga advierte que la medida podría suponer un retroceso:
“De aplicarse esa posición que iría también contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, estaríamos ante una regresión muy grave de la política antinarcóticos del Gobierno del cambio. La tesis central de este Gobierno ha sido que, para enfrentar el problema del narcotráfico, de los cultivos con destinación ilícita, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo económico y el tipo de economía ilegal y no criminalizar a los campesinos.”.
El anuncio, aunque aún no se ha concretado en medidas oficiales, pone sobre la mesa una tensión estructural en la estrategia antidrogas del Gobierno: entre la presión por contener la expansión de los cultivos ilícitos y la necesidad de mantener un enfoque de sustitución voluntaria, desarrollo alternativo y respeto a los acuerdos de paz. La discusión promete intensificarse en el escenario político y social, reactivando un debate que en Colombia nunca ha dejado de estar vigente.
Bogotá, miércoles 17 de septiembre de 2025
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI
Redactó: Daniela Galvez – Oficina de comunicaciones
Revisó y aprobó: Carlos Alberto Patiño – coordinador del área de comunicaciones IEPRI.
